La guerra civil catalana se enmarca en un periodo de guerras civiles también en Castilla y Navarra, que estarían interconectadas entre ellas especialmente con la muerte de Alfonso V de Aragón al quedar como heredero de sus dominios peninsulares su hermano Juan II, de origen castellano y rey consorte de Navarra.
El aspecto común de estas tres guerras es que enfrentarían a la monarquía con un importante sector de la nobleza, que se agrupó en Castilla en una Liga nobiliaria, en Navarra en torno a la figura del Príncipe de Viana —hijo de del primer matrimonio de Juan con Blanca de Navarra—, y en Cataluña en el grupo oligárquico que controlaba el gobierno de Barcelona, la «Biga», y que acabó dominando las instituciones catalanas.
El control del gobierno municipal de Barcelona era un problema anterior a Juan II. Se lo disputaban dos grandes grupos; por un lado, la Biga, conformada por los «ciudadanos honrados» poderosos, con privilegios y propietarios de tierras. Por otro, la Busca, que agrupaba a los artesanos y mercaderes que dominaban las actividades económicas de la ciudad, pero que no tenían control sobre su gobierno.
La situación de los campesinos de remensa en el campo se había agravado desde el siglo anterior. Este tipo de campesino era jurídicamente libre, pero estaba adscrito de forma hereditaria a la tierra que cultivaba y sujeto a su propietario a través de la remensa; uno de los llamados «malos usos» que los señores feudales aplicaban sobre sus siervos. En este caso, la remensa consistía en un pago por parte del campesino a su señor a cambio de anular la adscripción a la tierra. Ese importe no estaba establecido y dependía del que fijara el señor a su voluntad, por lo que era prácticamente imposible que los campesinos pudieran asumirlo.
La despoblación del campo tras la peste negra había agravado la situación al aumentar la presión de los señores sobre los campesinos para seguir sacando rendimiento a sus tierras. Esto inició un movimiento desde mediados del siglo XIV que acabaría solapándose con la guerra civil catalana y teniendo un importante papel en ella.
El inicio del problema se remonta al reinado de Alfonso V el Magnánimo, mientras su mujer, la reina María, ocupaba la lugartenencia en Cataluña. Ésta se veía presionada por su marido desde Nápoles, pero también por su hombre de confianza: Galcerán de Requesens, señor de Molins de Rei. Requesens ocupaba el cargo de gobernador y fue el responsable de desplazar a la Biga del gobierno de Barcelona en favor de la Busca.
Alfonso V había mantenido una política ambigua en la lucha entre estas dos facciones urbanas porque le interesaba que siguieran aprobándole subsidios. En este caso, Requesens había asegurado al rey que los nuevos regidores «buscaires» donarían más dinero y que la transición de la vieja oligarquía al nuevo gobierno municipal —en el que, además, había incluido a hombres de su confianza— se llevaría a cabo sin violencia.
Los miembros de la Biga tomaron esto como un golpe de estado contra el poder de sus familias y sus privilegios municipales. Además, el rey respaldó a la Busca en las medidas que impusieron, entre ellas, la reforma del gobierno municipal, la devaluación de la moneda y el proteccionismo en el comercio. Con el nombramiento de Requesens como nuevo lugarteniente, la oligarquía urbana y la nobleza catalana se unieron para actuar todos a una en las Cortes. Ambos grupos lo rechazaron para ese cargo; el primero por haberlos desplazado del gobierno de la ciudad de Barcelona, y el segundo, por no pertenecer a la casa real.
El malestar creció todavía más entre la Biga cuando los miembros de la Busca regalaron a Requesens el condado de Empúries en agradecimiento por su respaldo. En el memorial de agravios presentado a las Cortes por el patriciado urbano de la Biga se añadió el «agravio Requesens», que defendía que su lugartenencia era ilegal y, por tanto, todo lo que había hecho durante ésta también lo era y debía anularse.
Alfonso V, ante esta agitación, relegó a Requesens de nuevo a su puesto de gobernador y nombró lugarteniente a su hermano Juan, rey de Navarra. Éste continuó con las mismas políticas tanto en la ciudad como en el campo, aunque en el caso de los remensas se mostró más autoritario que su hermano.
Las Cortes se reunieron en Barcelona entre 1454 y 1458, y resultaron un fracaso. Juan tenía como objetivo negociar en nombre de su hermano un subsidio de 400.000 florines, además de dar con una solución definitiva al problema de los remensas en el campo y de conseguir afianzar el nuevo sistema de gobierno en Barcelona. Sin embargo, ya en la primera sesión, el resto de los síndicos se opuso a la presencia de los barceloneses por considerarlos ilegales. Solo este asunto tardó siete meses en resolverse, y durante ese tiempo no se podía continuar con las Cortes.
Tampoco fue mucho mejor el tema de los remensas. Alfonso V había promulgado una sentencia interlocutoria en 1455 por la cual se suspendían provisionalmente los «malos usos». Esto podía enemistarlo con los señores, que controlaban las Cortes y podían cortarle el flujo de dinero. Por lo tanto, el rey no llegó hasta el final y no se aplicó, de forma que el problema continuó latente. Como hemos dicho, Juan se inclinó a favor de los remensas pero de forma más dura que su hermano. Con ello se granjeó la enemistad de los señores de las zonas rurales catalanas, tanto laicos como eclesiásticos, que se sumaban a los enemigos que tenía ya entre el patriciado urbano.
Alfonso V murió en 1458 y Juan heredó sus territorios peninsulares, por lo que se convertía formalmente en rey de Aragón, además de en Navarra. Allí ya tenía una situación complicada con su hijo Carlos, Príncipe de Viana, con quien no se llevaba bien hasta el punto de haberlo desheredado un año antes, durante las Cortes de Estella de 1457. Pero una facción de la nobleza navarra apoyaba al príncipe y lo proclamó rey.
Carlos se encontraba exiliado en Nápoles, en la corte de su tío Alfonso V que, si bien desaprobaba esa proclamación ilegal que iba en contra de su hermano, sí defendía el derecho de su sobrino como heredero legítimo. Tras la muerte de Alfonso, Carlos se trasladó a Sicilia —reino también heredado por su padre Juan—. Los nobles locales utilizaron al príncipe para presionar al rey con sus propias reivindicaciones, que accedió al fin a encontrarse con su hijo en Barcelona. Juan le devolvió las rentas del principado de Viana a cambio de que Carlos no volviera a pisar Navarra ni Sicilia. Tampoco cedió en el asunto de la progenitura universal.
De esta forma comenzó la relación del Príncipe de Viana con Cataluña. A pesar de ser tan ambicioso como su padre, despertaba más simpatía. Aunque tampoco abanderó de ninguna forma la causa de los nobles catalanes, sino que fue la excusa para que éstos se rebelaran.
En 1460, Juan llamó a su hijo a las Cortes, celebradas en Lleida, para tenerlo cerca, puesto que no se fiaba de él. La reina Juana hizo entrega al rey de unas cartas falsificadas por su familia que presuntamente probaban que Carlos había traicionado a su padre. Juan las tomó como válidas al no poder leerlas bien, ya que sufría de cataratas. El 2 de diciembre mandó encarcelar al Príncipe de Viana, dando así una justificación a la oligarquía catalana para iniciar su revuelta.
El encarcelamiento de Carlos iba en contra de la Constitución catalana, motivo que hizo que por primera vez se unieran todos los estamentos en contra de la monarquía bajo un sentimiento patriótico común que abarca desde los principales interesados, los sectores privilegiados, hasta las capas bajas de la sociedad. En realidad, el príncipe no era más que un símbolo, pero su liberación y la lucha por la conservación de las leyes catalanas se convirtieron en el objetivo oficial del movimiento. La Biga no desperdició su oportunidad y aprovechó que la situación sobrepasaba a los buscaires para volver a arrebatarles el gobierno municipal y liderar esta revolución.
El Parlament puso en un aprieto a Juan II al lanzarle un ultimátum exigiendo tanto la liberación del príncipe como que recuperara sus derechos como primogénito. Si no aceptaba estallaría una guerra, pero hacerlo sería doblegar el poder real ante el de las Cortes de uno de sus reinos. Juan eligió la guerra, y el Consell del Principat proclamó a Carlos heredero de Cataluña y ordenó la movilización del pueblo y la declaración de enemigo público a los opositores. Como hemos comentado, Navarra y Castilla vivían sus propios conflictos y aguardaban los momentos de debilidad de sus vecinos para sacar partido. En este caso, Juan II temió una interferencia de Castilla en Navarra y capituló en Cataluña para no entrar también en ese frente, de modo que liberó al Príncipe de Viana.
El 22 de junio de 1461 se establecen los términos de esa rendición en la llamada Capitulación de Vilafranca del Penedés. Entre lo acordado, en lo que salió ganando la oligarquía catalana, destaca la prohibición a Juan II de entrar en Cataluña sin el permiso de las instituciones, mientras que Carlos tendría el poder administrativo y ejecutivo y su sucesor sería su hermano Fernando. A partir de este momento, la oligarquía gobernó sin tener en cuenta ni a los campesinos ni a la burguesía, que radicalizaron sus posturas.
El 23 de septiembre de 1461 murió Carlos y la reina Juana volvió a entrar en escena como regente de Fernando, todavía menor de edad. Pero su insistencia en dejar entrar a su marido y sus contactos con remensas y buscaires hicieron recaer sobre ella la acusación de conspiración.
Con el pretexto de la seguridad de Fernando, la reina decidió marchar a Girona para refugiarse en la Força Vella —la ciudadela— bajo la protección de su partidario, el obispo Joan Margarit. Comenzó entonces la represión por parte de la Generalitat hacia los sospechosos de oponerse a ellos. Se depuró el Consell de Cent, entregando a los expulsados a la justicia por actos contra la Concordia de Vilafranca.
Paralelamente a esta purga hubo un alzamiento en las comarcas montañosas de Girona, donde los señores, al verse amparados por la Generalitat, se habían atrevido a intentar resarcirse por los pagos interrumpidos desde 1455. Se intentó negociar un acuerdo en mayo, pero fue un fracaso. El campesino Francesc de Verntallat se alzaría como líder y acabaría controlando del Montseny al Pirineo, manteniendo Girona en poder de la monarquía.
Entre el 19 y 21 de mayo de 1462, los acontecimientos se precipitaron de forma imparable con la detención y ajusticiamiento de algunos exregidores buscaires, cuyo nombre había sido sacado bajo tortura a varios sospechosos de conspiración. Los cadáveres de los más importantes se vistieron de luto y se expusieron en la Plaza del Rey a la luz de unos cirios como sentencia ejemplificadora para disuadir a otros, pero esto solo significó el inicio oficial de la guerra.
Las tropas de la Generalitat, con el Conde de Pallars al frente, avanzaron hasta Girona, donde sitiaron a la reina. A pesar de que los intentos de tomar la Força Vella fueron infructuosos, la situación de la regente era ya desesperada cuando llegaron los refuerzos de su marido. Juan se había entrevistado en Sauveterre el 3 de mayo de 1462 con Luis XI de Francia. En el tratado resultante llegaron a un acuerdo según el cual el rey francés apoyaría al aragonés en Cataluña con un ejército a cambio de 200.000 escudos. Como garantía de este dinero, Juan cedió a Francia los condados del Rosellón y la Cerdaña. El tratado se firmó unos días después, el 9 de mayo, en Bayona por los respectivos representantes reales.
La consecuencia inmediata, además de la ocupación de dichos condados, fue la liberación de la reina Juana y el infante Fernando. Tras eso, Juan II entró en Cataluña y consiguió avanzar con sus tropas hasta Barcelona.
La oligarquía sitiada en la ciudad no tuvo más remedio que recurrir a Enrique IV de Castilla; único aliado posible llegados a ese punto. Se juró fidelidad al rey castellano a través de su lugarteniente Juan de Beaumont, pero apenas fue de ayuda para los catalanes. Consta una sublevación de campesinos de remensa, que asaltaron el castillo de Brunyola bajo su bandera y apresaron al paborde.
Juan II se valió una vez más de la diplomacia para neutralizar el papel de Enrique IV en Cataluña. Por un lado, consiguió debilitar a los apoyos del rey castellano a través de algunos nobles de la Liga mediante la intervención de la reina Juana Enríquez y sus parientes. Además, recurrió a Luis XI, aliado de la Corona de Aragón.
Las negociaciones con éste culminaron en la sentencia arbitral de Bayona, publicada el 23 de abril de 1463. Enrique IV, ante la perspectiva de una guerra contra Francia, debía devolver a Aragón las conquistas que había hecho en Navarra y renunciar al trono catalán. Juan II, por su parte, se comprometía a renunciar a sus rentas castellanas, entregar Estella a Enrique IV y, en el asunto de Cataluña, perdonar a los rebeldes y reconocer la Constitución Catalana y la Capitulación de Vilafranca. Sin embargo, el rey aragonés no cumplió y la guerra continuó.
En realidad, a Enrique IV solo le interesaba mermar el poder de Juan II en Navarra y Cataluña y convencer a Aragón y Valencia de que se unieran al reino de Castilla. Además, debía combatir a sus propios enemigos internos de la Liga nobiliaria castellana, a la que se había adherido Juan II.
El siguiente candidato a rey fue el condestable Pedro de Portugal, nombrado Pedro IV de Cataluña entre 1464 y 1466. Sin embargo, su actuación no fue la esperada. Después de varias derrotas importantes, en las que fueron apresados dirigentes destacados como el Conde de Pallars, Pedro murió repentinamente. Para entonces la Generalitat había perdido a sus dirigentes moderados y estaba en manos de la facción más radical, por lo que desaprovecharon la oportunidad de firmar la paz y buscaron un nuevo rey.
El último rey, Renato I de Provenza, consiguió traer refuerzos en el momento más crítico. Su hijo, Juan de Lorena, consiguió resistir a pesar de las victorias de Juan II y su hijo Fernando. La muerte de Juan de Lorena y la entrega de Girona a los realistas por parte de la familia Margarit fueron elementos clave para precipitar la guerra hacia su final a favor del rey de Aragón.
Juan II consiguió una última victoria importante en Santa Coloma de Gramenet, tras la cual pudo asediar Barcelona por tierra y mar. Resistió hasta el 16 de octubre de 1472, cuando la oligarquía no tuvo otra salida más que rendir la ciudad. Los términos de dicha rendición se recogieron en la Capitulación de Pedralbes, que restituía la situación previa a la guerra civil y devolvía el gobierno a la monarquía de Juan II.
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Elías Viana, Marta: La Guerra Civil Catalana del siglo XV (17 de septiembre de 2020), en La Misma Historia [Blog]. Recuperado en: https://lamismahistoria.es/guerra-civil-catalana/ [Consulta: fecha en que hayas accedido a esta entrada]
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